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Captura: 13/06/2018 08:30 | Propiedad: El Comercio | Categoría: Politica | Visto: 2

Con diez votos de Fuerza Popular (FP), la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó por insistencia la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Esta iniciativa había sido observada por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, al considerar que vulneraba el acceso de la población a la información.

En contra votó el legislador Richard Arce de Nuevo Perú, mientras que Edmundo del Águila de Acción Popular se abstuvo. En la sesión participó el autor del proyecto, el aprista Mauricio Mulder, pero no votó por no ser miembro del grupo. La legisladora Karla Schaefer (FP), que un día antes se había pronunciado a favor de la regulación, también votó por la insistencia.

Ahora el pleno tendrá que decidir si ratifica la aprobación de ayer.

A su salida de la sesión, Mulder insistió en que su proyecto busca que los recursos públicos se destinen a otras prioridades. Este Diario le consultó por qué no estaba a favor de la regulación del gasto en publicidad, como recomendaron diversos sectores, a lo que respondió que la ley que regula el tema está vigente desde el 2006 y “nadie la cumple”.

—Pedido de Araoz—

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, declaró a este Diario que el gobierno debe presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley Mulder, en caso el pleno apruebe su insistencia.

Según expresó, corresponde al Ejecutivo “defender sus fueros, y dentro de estos está realizar una comunicación estatal adecuada”.

Agregó que se trata de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados y del propio Estado a comunicar. Además, calificó de “falso” que el Estado subsidie a los medios de comunicación privados.

El representante de la bancada oficialista que participó en el debate, Sergio Dávila, no estuvo presente al momento de la votación.

—“Es una falacia”—

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consideró que la norma aprobada es discriminatoria porque solo permite al Estado contratar publicidad en medios oficiales.

En diálogo con este Diario, advirtió que en el Perú, como en otros países, los medios oficiales no tienen independencia del gobierno de turno, lo que genera situaciones similares a la de Venezuela.

Según dijo, es “una falacia” que se busque evitar el despilfarro de dinero público, porque “lo que se gasta en información para todos los ciudadanos es parte de las obligaciones del Estado”.

Recordó que la relatoría recomienda mecanismos de asignación objetiva de publicidad estatal, así como de rendición de cuentas para prevenir la corrupción o violación a la libertad de expresión. Hasta anoche no hubo un pronunciamiento del Ejecutivo sobre el tema.

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