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13/01/2018 09:30 | Fuente: El Comercio | Categoría: Politica | Visto: 6

Karla Ramírez Camarena

Unidad de Investigación



Después de meses de investigación por parte de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, ayer se efectuaron las primeras operaciones de allanamiento y detención por el llamado ‘club de la construcción’. En este caso se investiga una presunta concertación ilícita de empresas constructoras para repartirse obras adjudicadas por el MTC, acciones que habrían incluido el pago de coimas.

—Detenciones—

Según la resolución de la jueza María de los Ángeles Álvarez, a la que El Comercio tuvo acceso, se ordenó la detención preliminar por el plazo máximo de 10 días de Carlos García Alcázar y Rodolfo Prialé de la Peña, sindicados como presuntos operadores del ‘club’, así como de los empresarios Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso (gerente de Obrainsa), Félix Erdulfo Málaga Torres (gerente general de Constructora Málaga Hermanos), Luis Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos ex socios de Prialé.

Al cierre de esta edición solo se confirmó la detención de García Alcázar, ex asesor del Viceministerio de Transportes y Comunicaciones entre el 2011 y el 2014, durante la gestión del ministro Carlos Paredes, en el gobierno de Ollanta Humala. Los otros denunciados están en condición de no habidos. Este Diario ha confirmado que Reynoso salió a Argentina el pasado 8 de enero, según su reporte migratorio.

Por la noche, García participó en una audiencia de control de identidad del Poder Judicial, de la que salió enmarrocado. Su abogado, Genaro Vélez, sostuvo que al ex funcionario no le hicieron llegar con claridad “los cargos de la denuncia”. Adelantó que apelará la decisión.

—El ‘club’—

La jueza Álvarez valoró la hipótesis de la fiscalía respecto a “la existencia del denominado ‘club de la construcción’ que operó en el Perú desde el año 2011 al 2014, el cual habría estado conformado por tres componentes específicos, con roles distribuidos”.

El primer componente estuvo integrado por empresas privadas: “Obrainsa, Málaga, Cosapi, GYM, ICCGSA, JOHE SA, Grupo Plaza, Constructora San Marín, OAS, Andrade Gutiérrez, Mota-Engil, Queiroz Galvao y HyH Casa”, las que acordaban “entre ellas cuál sería la empresa que sería beneficiada en la buena pro, realizando una pre-relación”. Estas habrían acordado “pagar el 2,92% de la obra que era adjudicada”.

El segundo y tercer factor fueron Rodolfo Prialé y Carlos García, respectivamente. Prialé estaba encargado de “representar al grupo de empresas integrantes del ‘club’, frente al funcionario público [Carlos García], recibir la prerrelación y entregársela a García para que este se encargue de que se ejecute dentro del MTC, y recabar de la empresa ganadora la comisión”. En tanto, García “se encargaba de operativizar dentro del MTC el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa que había sido previamente acordada”.

—Testimonio—

El colaborador eficaz N°6 de la fiscalía fue parte del Grupo Odebrecht, desde donde –según versión– habría sido testigo directo de cómo operó el ‘club’. Detalló que “los lugares de reunión [del ‘club’] eran el lobby bar del Swissotel, el restaurante Balthazar de la avenida Canaval y Moreyra y las oficinas de Capeco”.

El testigo sostuvo además que “en una oportunidad se realizó una reunión en las instalaciones de la oficina de Capeco, que contó con la participación de los representantes de la gran mayoría de las empresas peruanas y extranjeras que conformaron el ‘club’”.

Ahí acordaron –según ese testimonio– que las empresas iban a formar grupos de cuatro a seis integrantes. Cada uno de estos iba a designar a un coordinador, a través del cual se establecerían las reuniones “para la toma de obras en los procesos de licitación de Provías Nacional”.

—Allanamientos—

En simultáneo, a través de una segunda resolución, la jueza también aceptó el pedido del Ministerio Público para allanar 43 inmuebles vinculados a 18 investigados: Carlos García, Rodolfo Prialé, Guillermo Reynoso Medina (ex socio de Prialé y García), Luis Prevoo Neira (ex socio de Prialé), Paul Tejeda Moscoso (gerente de Obrainsa), Félix Málaga Torres (gerente de Málaga Hermanos Constructora), Marco Aranda Toledo (rpte. Cosapi), Nicolay Castillo Gutzalenko (rpte. Graña y Montero), Rafael Granados Cueto (rpte. ICCGSA), Eduardo Sánchez Bernal (rpte. Hidalgo e Hidalgo CASA), José Augusto Heighes Quiñones y José Augusto Heighes Sousa (rptes. JOHE SA), Ruperto Flores Mancera (rpte. Constructora San Martín), Jesús Plaza Parra (rpte. Grupo Plaza), Franco Burgo Hurtado (rpte. OAS), Óscar Rosas Villanueva (rpte. Queiroz Galvao), Víctor Ricardo de la Flor Chávez (rpte. Andrade y Gutiérrez) y Norma Graciela Zeppilli del Mar (rpte. Mota-Engil).

La orden judicial de allanamiento con descerraje incluye incautaciones y levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados. Los cargos son la presunta comisión de tráfico de influencias y lavado de activos.

—Las pruebas—

El fiscal Marcial Páucar corroboró la manifestación del colaborador con el registro de visitas que realizó Rodolfo Prialé a la oficina en el MTC de Carlos García, llamadas telefónicas, además de vouchers de consumo en el restaurante y hotel mencionados por el colaborador. También se verificaron los vínculos entre García y Prialé con la compra y venta de inmuebles y vehículos que realizaron entre ellos los años 2008, 2009 y 2011. Ambos constituyeron la empresa Granja Juan Diego Vasco SAC en el 2010 junto con otro de los investigados: Guillermo Reynoso. También se señala que Prialé y García adquirieron inmuebles en el mismo condominio de Surco.

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