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30/11/2017 20:32 | Fuente: El Comercio | Categoría: Miscelaneas | Visto: 2

Una propuesta de ley que busca dar justificación legal para que las fuerzas armadas de México asuman tareas policiales avanzó en el Congreso el jueves, pese a objeciones de grupos defensores de los derechos humanos y legisladores opositores que dicen llevará a una militarización por tiempo indeterminado.



Partidarios de la medida dicen que los soldados mexicanos tienen que seguir en las calles para combatir a las pandillas, dada la incapacidad de las policías locales. Pero los oponentes dicen que ésa es otra razón para tener un debate calmado y detallado sobre si la ley debería permitir que el ejército realice las tareas policiales, cómo y por cuánto tiempo.

El apresurado intercambio el jueves en una sala de reuniones de una comisión legislativa que era demasiado pequeña para recibir observadores parece indicar que ese debate no sucederá.

La propuesta fue aprobada por la comisión en un voto de vía rápida dividido en bloques partidistas y ahora pasará al pleno de la cámara baja. La ley permitiría a los soldados hacer legalmente lo que han estado haciendo ad-hoc por al menos una década: conducir redadas y establecer retenes en carreteras, así como perseguir y detener a sospechosos.

"Estamos haciendo un trabajo sobre las rodillas y muy poco profesional", dijo el congresista opositor Jorge Triana, del Partido Acción Nacional. "Lo que está buscando esta ley es convertir la excepción en regla".

El centro de estudios Washington Office on Latin America escribió que "formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentaría un precedente sumamente negativo en América Latina", donde arreglos así se están volviendo más comunes.

Los gobernadores estatales de México y el partido gobernante tienden a favorecer la ley, que autoriza la presencia del ejército de acuerdo con reglas poco estrictas e indeterminadas porque les quita a ellos la presión de enfrascarse en el largo, costoso y difícil proceso de entrenar, equipar y pagar a policías en los que se pueda confiar y no terminen trabajando para los cárteles de droga.

"El tema de derechos humanos es un tema que se cuida y se cuida bien" en la ley, aseveró César Domínguez, legislador del Partido Revolucionario Institucional por el estado norteño de Chihuahua. "No podemos garantizar las libertades y el ejercicio pleno de estos derechos si no hay un clima de seguridad o no tenemos paz".

"Si no visibilizamos este tema, vamos a dejar escondida una norma y ahora sí pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, a la hora que quieren", dijo Domínguez de los soldados.

Grupos defensores de los derechos humanos y legisladores de la oposición rechazan la medida no solamente porque amenaza con militarizar permanentemente la labor policial en México, sino porque, dicen, elimina gran parte de la presión para profesionalizar a la policía.

"Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar", escribieron decenas de grupos de derechos humanos en una declaración en vísperas de la votación.

“Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública”, agregaron.

Es un delicado acto de equilibrio en México, donde el Ejército y la Marina son algunas de las pocas instituciones que todavía son respetadas, y donde algunas regiones -como en el estado fronterizo de Tamaulipas- dependen por completo de las fuerzas armadas para que puedan mantener algo del orden. Esto como consecuencia de que todas fuerzas policiacas locales fueron disueltas debido a que sus elementos estaban en la nómina de los cárteles de droga.

Los partidarios argumentaron que la medida permitiría a los soldados actuar solo por periodos renovables de un año, pero los detractores dijeron que podría hacer que los despliegues sean renovables casi infinitamente.

Los críticos también cuestionaron si la propuesta de ley le facilita las cosas al presidente para que pueda declarar un estado de emergencia con el ejército en las calles, y si los soldados podrían ser llamados para intervenir no solo en las peleas con los cárteles, sino también en los movimientos de protesta.

Hoy en día, el Ejército opera bajo una clausula ambigua que lo autoriza a “auxiliar” a las agencias civiles del orden público cuando sea requerido.

Pocos en cualquiera de los dos lados culpan al Ejército, que ha dejado claro que preferiría regresar a sus cuarteles y concentrarse en las tareas para las que fue entrenado.

“Ellos no se metieron, los metieron”, dijo la congresista Norma Nahle del partido izquierdista Morena. Sin embargo, apuntó que las quejas sobre violaciones a los derechos humanos que involucraban a las fuerzas del Ejército se incrementaron de 190 casos al año -antes de que se llamara al Ejército en 2006- a 1.075 en los últimos años.

Las reglas ya implementadas especifican que los soldados acusados de violar los derechos de los civiles deben ser procesados en tribunales civiles y no militares.

El Ejército quiere desesperadamente las nuevas reglas, debido que actualmente el personal militar está vulnerable no solo por las emboscadas de los cárteles de droga, sino también por las acciones legales que son difíciles de combatir debido a lo vago de su mandato.

Por mucho tiempo el Congreso mantuvo estancado al nuevo proyecto de ley y ahora muchos se preguntan cuál es el apuro por aprobarlo.

Fue hace un año que el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, se quejó públicamente de la confusión. El general aseveró que hace diez años se había decidido que la policía debía de ser reconstruida, y que aún no se ha visto esa reconstrucción.

“¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en levantar una, las dos manos, para que vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”, afirmó el militar. “Nosotros no pedimos estar ahí (en la lucha contra el narcotráfico), no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes”.  

Fuente: AP

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