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07/12/2017 19:07 | Fuente: El Comercio | Categoría: Politica | Visto: 2

La congresista Indira Huilca aseveró que las diligencias realizadas por la fiscalía autorizadas por el Poder Judicial en dos locales de Fuerza Popular (FP) no constituyen una “persecución política” y recordó que fue este mismo poder del Estado el que “decidió no ampliar plazo” para ampliar las investigaciones a Keiko Fujimori.

“No se puede llamar persecución política a lo que es decisión judicial. Hay que recordar que el mismo Poder Judicial decidió no ampliar plazo para seguir investigando a Keiko Fujimori. No es 'persecución política' que se realicen diligencias para culminar investigación”, señaló Huilca a través de su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, esta mañana el Poder Judicial autorizó a la fiscalía a que lleve a cabo el allanamiento y registro domiciliario de dos locales vinculados a Fuerza Popular ubicados en el Cercado de Lima y en Surco, en el marco de la investigación por lavado de activos que se le sigue a Keiko Fujimori de los aportes y financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y el 2016.

Al respecto, el legislador Héctor Becerril condenó el accionar de la fiscalía y consideró que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, “ha convertido al Ministerio Público en una herramienta de persecución política”.

Similar postura tuvo su compañero de bancada, Alberto Quintanilla, quien manifestó que las pesquisas en los inmuebles de Fuerza Popular, se realizan dentro del marco constitucional y a raíz de que se han hallado “las razones correspondientes del caso”.

“Es absolutamente normal y constitucional, que se ejecuten este tipo de diligencias por parte del Ministerio Público, pues si estas proceden, es porque la autoridad competente ha encontrado las razones correspondientes del caso, no hay excesos en el desempeño de sus funciones y hay que respetar el equilibrio y la división de poderes”, aseveró Quintanilla.

De igual manera, el congresista rechazó la participación de la titular de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra y del miembro del directorio del BCR, José Chlimper, en el allanamiento llevado a cabo por el Ministerio Público.

“No solo es condenable, la participación de la Presidenta de la Comisión Lava jato, la congresista Rosa Bartra, por convertirse ‘juez y parte’ [...]", consideró.

"También es condenable por ser un hecho político y público, la presencia de José Chlimper en los locales de Fuerza Popular durante los allanamientos, él es miembro del directorio del Banco Central de Reserva y debió guardar la independencia del caso”, añadió.

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