© El Comercio
Captura: 03/04/2018 22:13 | Propiedad: El Comercio | Categoría: Politica | Visto: 2

Hoy fue presentada una denuncia constitucional contra los congresistas no agrupados Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Boncángel a raíz del caso de los audios y videos sobre la negociación de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

El documento lleva las firmas de cuatro legisladores: Mauricio Mulder (Partido Aprista), Edwin Vergara (Fuerza Popular), Wilbert Rozas (Frente Amplio) y Yeni Vilcatoma (no agrupada).

“A los denunciados se les atribuye conductas que constituyen, por un lado, infracciones a la norma y principios consagrados en la Constitución, y por otro, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, indica el texto.

De acuerdo al documento, los legisladores Fujimori, Ramírez y Bocángel formaron parte de un presunto sistema con el que se pretendía captar congresistas para la “compra de sus votos a través de prebendas”.

Estas prebendas –agrega el texto– consistirían en financiamiento de proyectos, programas y obras con fondos públicos “a ser ejecutados por los diferentes niveles de gobierno: regional y local”.

Este caso salió a la luz cuando el congresista fujimorista Moisés Mamani, acompañado por la bancada de Fuerza Popular, presentó extractos de videos en los que se mostraría cómo intentaron convencerlo de votar contra la vacancia.

En los videos también aparecen el congresista Kenji Fujimori y su asesor Alexei Toledo, así como los legisladores Ramírez y Bocángel.

Al día siguiente de la difusión del material, el presidente Kuczynski renunció al cargo. Ese mismo día se difundieron audios de conversaciones entre Mamani y el entonces ministro Bruno Giuffra.

–Proceso a seguir–

La denuncia debe verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en primera instancia. Si ahí procede, esta debe formular un informe de calificación y remitirlo a la Comisión Permanente.

Luego, la Comisión Permanente otorga a la subcomisión un período de 15 días para investigar el caso.

Después de oír los descargos de los implicados, la subcomisión tiene 10 días para elevar un informe, que debe ser debatido y votado en la Comisión Permanente.

Si la acusación constitucional es aprobada, es enviada al pleno del Parlamento para su debate. Esto puede durar 50 días.

En el pleno se decide si los congresistas son suspendidos temporalmente, inhabilitados o destituidos por infracción constitucional.

Comentarios