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Captura: 09/03/2018 06:56 | Propiedad: Perú 21 | Categoría: Politica | Visto: 2

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que reemplazará el Decreto de Urgencia (DU) 003 , el cual busca garantizar el pago de la reparación civil por parte de las empresas relacionadas con actos de corrupción. La propuesta también espera darle continuidad a las obras que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, están paralizadas.

Este proyecto, que fue enviado por el Ejecutivo pero que recibió más de 60 modificaciones a nivel congresal, obtuvo 80 votos a favor, 24 en contra y siete abstenciones.

A través de esta iniciativa se crea la figura de colaboración eficaz para las personas jurídicas, con lo que se modifica el Código Procesal Penal.

Sobre este punto, se incluyó ayer que la colaboración eficaz no solo aplique para colusión, sino a todos los delitos contra la administración pública. Esta fue una propuesta de la Fiscalía.

Otro cambio que se hizo en el debate fue el porcentaje para el financiamiento de las labores de control que realice la Contraloría, pasando de 1.5% a 2% del valor del proyecto que está siendo investigado por corrupción.

Asimismo, se estableció mantener la responsabilidad “mancomunada”, y no la solidaria, de las empresas que hubieran participado en delitos de corrupción para el cálculo de la reparación civil.

De esta manera, se busca que el pago sea proporcional a la responsabilidad de cada persona jurídica y no que todos aporten por igual.

EL MEF DESTACA LEY



Luego de conocerse la decisión, la titular de Economía, Claudia Cooper, dijo que con la iniciativa se “ofrece una salida para la continuidad de la obra pública”. “Lo que se busca es que se empiecen a restituir los flujos de la economía (...) y que el Estado pueda asegurar el pago de la reparación civil”, señaló en Canal N.

DATOS



- La nueva norma establece la creación de un fideicomiso al que aportarán las empresas vinculadas a los actos de corrupción.



- El fideicomiso buscará atender el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado que establezcan los órganos jurisdiccionales.

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