Captura: 12/03/2018 07:30 | Propiedad: Diario Correo | Categoría: Miscelaneas | Visto: 2

El viernes pasado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza Ramírez, estuvo en el muy convulsionado penal El Milagro, de Trujillo, verificando el funcionamiento de los bloqueadores de llamadas de teléfonos celulares, con lo que se espera impedir que ese reclusorio siga siendo, irónicamente, la principal guarida de hampones dedicados a la extorsión y la autoría intelectual de crímenes pese a encontrarse tras las rejas.

Es de esperarse también que en muy poco tiempo todos los penales del país cuenten con estos dispositivos electrónicos que desde hace muchos años han debido ser puestos en funcionamiento para aportar a la lucha contra el delito, la cual tiene como un componente fundamental la recuperación del orden y la autoridad en las cárceles, que son tierra de nadie. Una muestra de esta afirmación es la gran vida que se dan adentro, por ejemplo, los reos por narcotráfico.

Claro, en esto también tiene mucho que ver la corrupción de malos agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y de la Policía Nacional, esos que dejan pasar televisores para las celdas, refrigeradoras, mayólicas importadas, lámparas, licor y demás elementos prohibidos que solo se incautan cuando se arma un escándalo en los medios. Incluso una vez se denunció la existencia de una discoteca en el penal de Lurigancho.

Vivimos en un país golpeado por la extorsión, el asesinato por encargo, el robo a mano armada y el narcotráfico, y resulta inconcebible que hasta ahora veamos cada cierto tiempo noticias que dan cuenta de la incautación de celulares en las celdas o la detención de visitantes que tratan de ingresar con teléfonos. Con los bloqueadores funcionando de manera adecuada y sin corrupción de por medio por parte de los operadores, nada de esto tendría por qué darse.

Muchos crímenes y extorsiones que cuestan vidas, dinero y momentos de angustia a sus víctimas han podido evitarse si desde hace años, siete u ocho por lo menos, el Estado hubiera sido capaz de algo tan sencillo como convocar a una licitación, seleccionar un proveedor competente y estar en condiciones de impedir algo que sabe cualquier policía de Trujillo, Chiclayo o Chimbote: que la gran mayoría de delitos contra los que combaten se planean dentro de los penales.

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